Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos estructurales vinculados al patrón de especialización productiva y comercial y a las persistentes desigualdades de género en los mercados laborales y en la organización social de los cuidados. La baja diversificación productiva y la vulnerabilidad frente a los choques externos repercuten negativamente en el logro de la igualdad de género. Estos factores inhiben el dinamismo del mercado laboral, restringen el aprovechamiento de las capacidades y resultan en una distribución desigual de los beneficios del crecimiento y de los costos de los ajustes económicos. Asimismo, la violencia hacia las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y las brechas salariales de género actúan como obstáculos para la participación plena de las mujeres en las economías, y limitan la innovación y la creación de ambientes laborales más diversos y de estructuras productivas con mayores niveles de complejidad y más igualitarias (CEPAL, 2019).

Los impactos sociales de la pandemia presentaron algunas diferencias con los resultantes de crisis anteriores ya que en este caso se produjo una pérdida masiva de empleo, especialmente de las mujeres. Dicha disminución estuvo asociada a las restricciones de movilidad, la contracción en sectores con alta participación femenina y el cierre de centros educativos y de cuidados. Todo ello contribuyó al aumento de la carga de trabajo no remunerado y de cuidados especialmente para las mujeres (CEPAL, 2021b; Bidegain, Scuro y Vaca-Trigo, 2020; CEPAL, 2022b).

La estructura económica de la región se ha debilitado, en particular en aspectos vinculados a la inversión y al desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas.